Juicio por explosiones en la UNRC
Lunes 8 de abril de 2013, por Katy García *

El Juicio por la explosión en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tuvo un giro inesperado previo a la sentencia. El Tribunal, además de fijar condenas, resolvió anular el sobreseimiento de Javier Boretti, empleado de la multinacional De Smet tal como lo había solicitado el fiscal Maximiliano Hairabedián.

 

La sentencia abre una puerta a la investigación acerca de las responsabilidades de estas empresas en la producción del siniestro.

“Ha sido una sentencia ejemplar. En primer lugar por las condenas que han demostrado que existe una cadena de responsabilidades que, justamente, fueron las que se omitieron y produjeron en alguna medida las condiciones para que ocurra el estrago, en aquella mañana nefasta de 2007”, afirmó, el abogado Claudio Orosz, tras conocer el fallo.

Asimismo destacó que “culmina una etapa de impunidad” porque el dictamen abre otras instancias de investigación. Por caso citó a “la empresa De Smet que fue la que montó la planta piloto con toda la infraestructura”, a la Aceitera General Deheza que trasladó el hexano y que lo colocó “de una manera casi bochornosa, clandestina” y además porque se investigará al ex rector Oscar Spada que “ahora tendrá que dar explicaciones ante la justicia”, señaló.

Eugenio Biafore también querellante en la causa indicó que una vez conocidos los fundamentos seguramente permitirá dar “otro salto y ampliar esta línea de investigación para avanzar hacia otro juicio”.

En este sentido, Cecilia Saroff, titular del gremio docente -único querellante en la causa que provocó seis muertos y cuantiosas pérdidas materiales-, le dijo a este medio que están conformes con la decisión de los jueces. Al mismo tiempo observó que la mayoría de los abogados defensores que criticaron la ausencia de responsables de las empresas en el banco de los acusados, ahora, que el ministerio público habilitaba un camino, no acompañaron. “Nosotros queremos llegar a la verdad y el único camino que existe es este”, subrayó.

Tras los alegatos quedó claro que el Ministerio Público, la querella y la defensa coincidían en que “los verdaderos responsables” no estaban en el banquillo. Fue el fiscal Hairabedián quien sorprendió a la audiencia esta mañana con un pedido de “nulidad absoluta del sobreseimiento de Javier Boretti “, empleado de la empresa belga De Smet. La solicitud fue acompañada por la querella, no así por la defensa.

El juicio que acaba de concluir con el dictado de sentencias y la promesa de profundización de la investigación que alcance a otros actores fundamentales en la experimentación que culminó en tragedia, instala, además, un fuerte debate hacia dentro y fuera de los claustros. Entre ellos, las continuidades del modelo neoliberal de los noventa, la precarización laboral, las articulaciones con empresas, la propiedad de las patentes en la producción científica, el modelo de universidad vinculada a los intereses nacionales, etc.

Declaran nulidad absoluta

 

El fiscal explicó que luego de escuchar al defensor Valverde decidió buscar la manera de solicitar la nulidad. “Todo buen alegato, a uno lo hace pensar”, afirmó y explicó que le llamó la atención la descripción “sobre la introducción y traslado del hexano”, acción realizada por Javier Boretti, representante de la empresa cuya participación en la tragedia fue directa. El empleado de la multinacional que estaba imputado durante la instrucción terminó siendo absuelto “por prescripción”.

“Entiendo que esto no se corresponde con lo que mandan las leyes porque hay una disposición del Código Penal que dice que cuando hay un delito cometido por un funcionario público en ejercicio de la función, la prescripción se suspende, no corre, para todos los que hubiesen participado, sean o no funcionarios”, explicó. Desde esa perspectiva dijo que el sobreseimiento era de una “injusticia notoria” porque cuando se produjo no estaba prescripta la acción penal. Boretti estaba imputado y fue absuelto. “Pero la verdadera injusticia es que se lo sobreseyó en contra del artículo 67 del Código Penal”, enfatizó.

El fiscal ya había alegado que la empresa De Smet era más responsable de lo sucedido que los propios acusados porque “supuestamente tenía experiencia para montar el experimento que finalmente falló; introdujeron en un lugar cerrado 2600 litros de hexano, sin que estén dadas las condiciones, sin autorización otorgada por las autoridades de control y fueron sobreseídos”, sostuvo. No obstante aclaró que “habrá que determinar quiénes”.

Tras un cuarto intermedio que se extendió hasta pasadas las 13, el presidente del tribunal Fabián Asís, acompañado por los vocales Carlos Lascano y Vicente Muscará, leyó la sentencia condensada en 10 puntos. En todos los casos las penas asignadas se resolvieron por unanimidad excepto la condena referida al ex vice decano Carlos Bortis que se decidió por mayoría.

En relación a la petición del Fiscal dictaminó: “declarar la nulidad absoluta” de lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones, en mayo de 2012, cuando dispuso el sobreseimiento de Javier Boretti. Insta a profundizar la investigación “respecto a la conducta de los responsables de la Aceitera General Deheza S.A. (AGD) encargada de comprar y trasladar el hexano que produjo el siniestro. Al mismo tiempo determinó que se analice la conducta de la empresa De Smet en la instalación y readecuación de la planta piloto y que se revise la responsabilidad del ex rector Oscar Spada.

La tragedia produjo la muerte de los docentes Gladys Baralla, Miguel Mattea, Liliana Giacomelli, Damián Cardarelli, Carlos Ravera, y del estudiante Juan Politano y la destrucción de las instalaciones de la planta. Los imputados que fueron procesados bajo la figura penal de estrago culposo agravado por la muerte de personas, ocupaban cargos directivos y estaba bajo su órbita la firma del convenio, la autorización de los experimentos, el ingreso de los 13 toneles de hexano al predio y además debían controlar que se cumplieran las disposiciones que la ley de Higiene y Seguridad del Trabajo y de manejo de tóxicos establece para este tipo de emprendimientos.

Durante el debate quedó claro que hubo un convenio entre la Fundación y la empresa belga para realizar investigaciones en la producción de aceites en semillas de soja con el uso de grandes cantidades de hexano. Los investigadores que participaban de los ensayos pertenecían al Grupo de Investigación y Desarrollo de Productos y Oleaginosas (Gidpo) dirigido por el reconocido científico Miguel Mattea, depositario de todas las responsabilidades en los errores cometidos. La única sobreviviente y además imputada es Liliana Ruestch que finalmente resultó absuelta tal como lo pidió la querella y el ministerio público.

Debate intra y extramuros

Sin lugar a dudas la realización de este juicio propone hacia delante un debate amplio. Gustavo Grofman, docente de ciencias sociales y miembro del gremio de docentes de la Universidad Nacional de Rosario, analiza que este proceso “marca un precedente, un antes y un después, en lo que para nosotros los docentes universitarios es un punto fundamental y que son nuestras condiciones laborales que se vinculan con el modelo de universidad vigente”, expresó.

El dirigente gremial agregó que por primera vez luego de lo ocurrido se logró que los rectores de las universidades nacionales se dispusieran a discutir los convenios colectivos de trabajo. Asimismo, y ante una pregunta de este medio manifestó que la lógica de los noventa continúa. “No hubo cambios sustanciales”, dijo, aunque reconoció que hubo algunas modificaciones. En ese marco observó que hoy “se intenta negociar estabilidad laboral por el mantenimiento del modelo de universidad de los noventa” donde el concepto de autonomía está fuertemente ligado al eufemismo de la “responsabilidad empresaria”.

En igual sentido opinó el abogado Darío Ávila quien afirmó que este juicio “nos interpela como miembros de la comunidad universitaria y nos desafía a discutir cual es el rol de las universidades públicas”, reflexionó.

Y alertó sobre los intereses corporativos. “En este caso, participaron una empresa multinacional y también concurrían intereses provinciales como la AGD dejando al descubierto mecanismos con un perfil netamente mercantilista. Se vaciaron las universidades y se da este fenómeno de transferencia de servicios a terceros, la instalación de figuras que operan desde adentro de las universidades, captan a empresas que acuden con recursos para que se hagan los trabajos de investigación en provecho propio y afectando incluso los derechos de patentes”, analizó.

Hacia dentro de la comunidad universitaria parecería que hay una división entre los que tomaron partido a favor de los imputados a quienes ven como víctimas y no como funcionarios que tejieron una trama de informalidades, no respetaron las leyes, y permitieron que suceda la explosión, y los que apoyan la decisión gremial de ir hasta el fondo desde el principio.

Los que ayer eran funcionarios públicos – luego imputados-, hoy se reivindican como docentes afiliados a un gremio que “no los defiende” y “gasta su dinero”. Cuando en realidad el sindicato de docentes tuvo la valentía de transformarse en querellante para conocer la verdad, en defensa de la base gremial, para que nunca más ocurran tragedias evitables como fueron caracterizadas por el Ministerio Público y la querella y que se evidenció en la sentencia.

Fabriccio Politano, hermano del Juan el estudiante muerto durante el desastre, dio un paso adelante en torno a este debate. En una carta abierta a la comunidad universitaria expone las posturas asumidas antes y ahora y plantea preguntas incómodas, imprescindibles de responder y tal vez así poder cerrar las heridas y avanzar. (ver texto completo en http://www.agd.org.ar/)

La sala de audiencias resultó chica para la gran cantidad de público asistente que luego se dirigió a la sala de prensa para seguir por circuito cerrado la audiencia. Acompañaron al sindicato de docentes de Río Cuarto, dirigentes de varios gremios como Sandra Mutal (ADIUC), Oscar Mengarelli de la CTA provincial, Guido Dreizik de CTA capital, entre otros.

Los fundamentos estarán disponibles para su lectura el quinto día hábil próximo.

Fuente: www.prensared.org

* Equipo de Comunicación del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA)